Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Con muchas preguntas sin respuestas y muy intranquilas se declararon las integrantes de la Veeduría Nacional de Género por el aumento de la violencia contra las mujeres en Barranquilla y el Atlántico, sobre todo por la falta de resultados que rayan con la impunidad en la mayoría de los 35 feminicidios presentados entre 2020 y septiembre de 2022.

Para ellas, la palabra “desesperanza” define lo que sienten en torno a la labor poco eficiente y efectiva de las instituciones responsables de prevenir, investigar y castigar las agresiones y los asesinatos de mujeres.

Hace mes y medio, por iniciativa de la procuradora Regional, Margarita De la Hoz, se reunieron en la Mesa técnica contra la violencia de género, a la que asistieron las entidades que deben combatir este flagelo social. Del encuentro salieron “más preocupadas” de lo que llegaron, porque no encontraron “respuestas concretas” para superar las “barreras en la atención” que enfrentan las mujeres víctimas de abusos o acosos sexuales y de agresiones físicas; como tampoco se ven resultados por las asesinadas.

La veeduría, de la que hacen parte los colectivos del Movimiento Ampliado Social de Mujeres de Barranquilla, presentó 11 fallas que han identificado en su labor diaria de asistir y acompañar a víctimas de toda clase de agresiones, en un escenario cada vez más violento para éstas.

Si bien en Colombia hay más de 15 leyes, además de un amplio número de decretos, para prevenir y castigar las agresiones a las mujeres, la principal dificultad para aplicarlas, en el caso de Barranquilla y el Atlántico, es que existe “desarticulación intersectorial y baja participación en los espacios de análisis y toma de decisiones”; hay un “desconocimiento de la normatividad existente, en especial la Ley 1257” y estas labores están a cargo de “profesionales con poca idoneidad y experticia en el abordaje de la problemática”.

También, la politización de las entidades genera una “alta rotación de los profesionales, lo cual obstaculiza la continuidad de los procesos”; existe “temor de los funcionarios a notificar y/o a denunciar casos de violencia sexual por posibles represalias”, cuando el victimario es una persona influyente, y hay “precarios o nulos mecanismos de seguimientos a los casos denunciados”, detalló la veeduría.

Tan precarios son esos seguimientos que en 12 de los feminicidios presentados 9 de las víctimas habían denunciado las agresiones que sufrían, pero no recibieron ninguna protección y terminaron asesinadas.

Tras enumerar las dificultades que obstaculizan la justicia, para medirles el pulso a las autoridades, en especial a la Fiscalía y a la Policía, la Veeduría Nacional de Género pidió un seguimiento especial a tres casos: los feminicidios de Margarita Gómez y su hija Sarita (tenía 6 meses de gestación), caso por el que un año después no hay ni siquiera un sospechoso pese a las denuncias que ha hecho la familia de las víctimas, y el de Michelle, cuyo asesino está próximo a salir por vencimiento de términos, luego de que las audiencias en su contra fueran aplazadas en 10 ocasiones. El tercero caso es un intento de feminicidio a puñaladas, tras múltiples agresiones, en el que el agresor está libre.

Sin embargo, casi de inmediato las representantes del grupo de mujeres se preocuparon por las respuestas que les dio el director seccional de Fiscalía, Justino Hernández. Concretamente, en el caso de Margarita y Sarita lo que supieron las decepcionó: el ente acusador les dijo que ha adelantado 35 acciones dentro de la investigación, pero no hay nada claro sobre el o los responsables.

Elena Bustos califica como “tibias” las respuestas del fiscal, y habla de “negligencia” en los casos de violencia y la atención a las víctimas.
 

 

Al no encontrar razón para que la investigación sobre el doble feminicidio de madre e hija no haya avanzado, Aura Pareja opina que la Fiscalía debe priorizar este caso con investigadores de Bogotá que puedan sacarlo adelante. Y expresó su preocupación porque hay victimarios encarcelados a punto de quedar libres.

 

 

 

 

En las debilidades enumeradas por la veeduría también identificaron las “limitaciones de recursos con una deficiente infraestructura institucional”, como sucede en la sala de denuncias de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde no existen las condiciones para brindarles una atención oportuna y adecuada a las víctimas, les violan su confidencialidad y las revictimizan, expresa Bustos.

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las estadísticas forenses de Medicina Legal, en Colombia cada ocho horas es asesinada una mujer. Entre enero y octubre de 2022 mataron a 827. En ese mismo período, 58.117 fueron víctimas de violencia intrafamiliar o sufrieron abusos sexuales.

Esas agresiones, maltratos y abusos también afectan a las mujeres en Barranquilla, en especial los fines de semana, pero las víctimas no pueden presentar sus denuncias porque las Comisarías de Familia están cerradas. Los días laborales la atención es hasta las 3 de la tarde, hecho que cuestiona la Veeduría Nacional de Género a través de Jackeline Osorio.

 

 

 

 

 

 

Lamentan que las denuncias de las mujeres sean, en muchos casos, desestimadas y descalificadas, hasta el punto de tildarlas de “locas o problemáticas” cuando presentan algún tipo de querella. Bustos sostiene que muchas veces estos señalamientos son aceptados por comisarios e inspectores que engavetan los procesos.

Pareja advierte que “lo peor que puede suceder es naturalizar la violencia contra la mujer”, y propone un amplio diálogo social e interdisciplinario sobre esta problemática y la salud mental.

 

 

 

 

 

 

En las próximas semanas la Veeduría Nacional de Género preguntará a la Fiscalía y otras instituciones qué ha sucedido con los tres casos que pidió priorizar y las 11 barreras que impiden una adecuada atención a las víctimas. Entonces sabrán si hay voluntad real para hacerle frente, con resultados y justicia, a los abusos y acosos sexuales y a los feminicidios, o si todo quedará en buenas intenciones, como las que se escucharon el pasado viernes, en varios escenarios, durante el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.